Me acusan de violencia de género: la denuncia y la posible orden de protección

La orden de protección se puede pedir ante el juzgado, el fiscal, la policía, los servicios sociales o una oficina de atención a la víctima, y la solicitud se remite de inmediato al juez (art. 544 ter.3 LECrim). No la decide la policía: la decide un juez tras una vista.

Recibida la solicitud, el juez de guardia convoca a una audiencia urgente a la denunciante, al solicitante y al denunciado, éste asistido de abogado, y también al Ministerio Fiscal. Se celebra durante el servicio de guardia y, cuando excepcionalmente no es posible, en el plazo más breve y en todo caso dentro de las 72 horas siguientes a la solicitud (art. 544 ter.4 LECrim).

Esa vista es breve y en ella se decide sobre las medidas. Es el momento de aportar documentación, proponer medidas menos gravosas y dar tu versión antes de que el juez resuelva; después, si hay motivos, el auto se puede recurrir. Conviene ir con un abogado que haya leído el atestado.

El juez resuelve por auto sobre la orden y sobre el contenido y la vigencia de las medidas (art. 544 ter.4 LECrim). Las más habituales son:

• Prohibición de acercarse a la denunciante, a su domicilio, a su trabajo o a los lugares que frecuente, a una distancia determinada.
• Prohibición de comunicarte con ella por cualquier medio, incluidos mensajes y redes.
• Salida del domicilio común y prohibición de volver, aunque la vivienda sea tuya o esté a tu nombre.
• Medidas civiles sobre la custodia de los hijos, el régimen de visitas y el uso de la vivienda, cuando hay menores.
• En los casos más graves, prisión provisional, que exige su propia comparecencia con abogado (art. 505 LECrim).

No todo lo que se denuncia como violencia de género es lo mismo. Los tipos más frecuentes son:

• Maltrato de obra sin lesión o lesión de menor gravedad: prisión de seis meses a un año o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 80 días, y en todo caso privación del derecho a la tenencia y porte de armas de un año y un día a tres años (art. 153.1 CP).
• Amenazas leves: la misma pena (art. 171.4 CP).
• Coacciones leves: la misma pena (art. 172.2 CP).
• Violencia física o psíquica habitual: prisión de seis meses a tres años, aparte de las penas de los hechos concretos (art. 173.2 CP).

La pena se impone en su mitad superior cuando el hecho se comete en presencia de menores, utilizando armas, en el domicilio común o en el de la víctima, o quebrantando una pena de alejamiento o una medida cautelar de la misma naturaleza (art. 153.3 CP, y en los mismos términos los arts. 171 y 172 para amenazas y coacciones leves).

En sentido contrario, el juez o tribunal puede imponer la pena inferior en grado, razonándolo en la sentencia, atendiendo a las circunstancias personales del autor y a las concurrentes en el hecho (art. 153.4 CP). Ésa es una de las cuestiones que de verdad se trabajan en la defensa, y se prepara desde el primer día con documentación, no con adjetivos el día del juicio.

Desde el 3 de octubre de 2025, la Ley Orgánica 1/2025 sustituyó los antiguos Juzgados de Violencia sobre la Mujer por las Secciones de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia, que instruyen estos procedimientos y adoptan las órdenes de protección (art. 89.5 LOPJ). Donde no hay sección propia, el Consejo General del Poder Judicial puede atribuir esos asuntos a un juez de la Sección de Instrucción (art. 89.1 LOPJ).

Esa misma sección puede dictar sentencia de conformidad en los casos previstos en la ley (art. 89.5.e LOPJ). Una conformidad es una condena: se firma con el abogado y con la prueba delante, nunca por quitarse el problema de encima.

Conviene tenerlo claro desde el primer día. Quebrantar una pena de alejamiento o una medida cautelar de la misma naturaleza cuando la ofendida es tu pareja o expareja se castiga en todo caso con prisión de seis meses a un año (art. 468.2 CP). El consentimiento de ella no elimina el delito: la medida la impone el juez, no la denunciante, y sólo el juez la levanta.

Manipular, no llevar encima o dejar sin batería el dispositivo telemático de control se castiga con multa de seis a doce meses (art. 468.3 CP).

Si necesitas ropa, documentación o herramientas de trabajo que están en el domicilio, se pide autorización al juzgado y se recoge acompañado. Nunca por tu cuenta.