Custodia de los hijos y pensión de alimentos

No hay una custodia por defecto ni un modelo que gane siempre. El criterio es el interés superior del menor, y se concreta en cosas muy terrenales: quién se ha ocupado hasta ahora del día a día, los horarios laborales reales de cada uno, la distancia entre los domicilios y el colegio, la edad de los niños y la capacidad de los padres para comunicarse de forma razonable.

Cuando los dos la piden, se acuerda (art. 92.5). Cuando la pide uno solo, el juez puede acordarla con informe del Ministerio Fiscal si sólo de esa forma se protege adecuadamente el interés superior del menor (art. 92.8). El Código dice “excepcionalmente”, pero el Tribunal Supremo ha declarado que la redacción del artículo 92 no permite concluir que sea una medida excepcional, sino normal e incluso deseable, siempre que sea posible y en tanto lo sea (STS 257/2013, de 29 de abril), y ha corregido sentencias que la trataban como excepcional exigiendo una prueba reforzada (STS 55/2016, de 11 de febrero). Tampoco exige un acuerdo sin fisuras entre los padres, sino una actitud razonable y una relación de respeto que permita cooperar en beneficio del menor (misma sentencia). Antes de resolver, el juzgado recaba informe del Ministerio Fiscal y oye a los menores con suficiente juicio cuando se estima necesario (art. 92.6).

Hay un límite claro: no procede la guarda conjunta cuando cualquiera de los progenitores está incurso en un proceso penal iniciado por intentar atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual del otro cónyuge o de los hijos que convivan con ambos, ni cuando el juez advierte indicios fundados de violencia doméstica o de género. A estos efectos se aprecian también los malos tratos a animales, o la amenaza de causarlos, como medio para controlar o victimizar a esas personas (art. 92.7).

Es la confusión más extendida. La custodia compartida reparte el tiempo, no necesariamente el dinero: si hay desequilibrio importante de ingresos entre los progenitores, puede fijarse igualmente una pensión para que el nivel de vida de los hijos no dependa de en qué casa duermen esa semana.

Lo habitual en compartida es una cuenta común para los gastos de los niños con aportaciones proporcionales a los ingresos, más el reparto de los extraordinarios. Y conviene dejar por escrito qué entra en cada saco, porque lo que no se define se discute.

La regla es la proporción: caudal de quien paga y necesidades de quien recibe (art. 146 del Código Civil). Se miran ingresos reales de los dos, número de hijos, gastos fijos acreditados, el tiempo de estancia de cada progenitor y si hay vivienda atribuida.

El Consejo General del Poder Judicial publica tablas orientativas que muchos juzgados usan como punto de partida. Son orientativas: ni son norma ni sustituyen a la prueba de los ingresos reales, que es lo que de verdad pesa.

Los alimentos comprenden sustento, habitación, vestido, asistencia médica y educación e instrucción (art. 142) y, cuando se reclaman por primera vez, se deben desde la interposición de la demanda (art. 148). Por eso no conviene retrasar la reclamación: lo anterior no se recupera. Si lo que se pide es modificar una pensión ya fijada, el cambio rige, por regla general, desde la resolución que lo acuerda.

Los ordinarios van dentro de la pensión: comida, ropa, material escolar del curso, actividades habituales. Los extraordinarios se reparten aparte, normalmente al cincuenta por ciento, y son los imprevisibles y necesarios: una ortodoncia, unas gafas, un tratamiento médico no cubierto.

Los gastos voluntarios, como un campamento o unas clases no imprescindibles, exigen acuerdo previo de los dos, y por eso conviene pactar expresamente cómo se piden y en cuánto tiempo hay que contestar. Esa cláusula reduce las discusiones posteriores sobre cómo se piden y se autorizan estos gastos.

La sentencia se ejecuta: se piden las cantidades debidas con intereses y se embarga nómina, cuentas o devoluciones de Hacienda. No hace falta un pleito nuevo, basta con la ejecución del título que ya se tiene.

Y hay una vía penal. Dejar de pagar durante dos meses consecutivos o cuatro meses no consecutivos cualquier prestación económica a favor del cónyuge o de los hijos, fijada en convenio aprobado judicialmente o en resolución judicial de separación, divorcio, nulidad, filiación o alimentos, puede ser delito de abandono de familia (art. 227 del Código Penal). No basta con el impago: tiene que ser voluntario, de quien conoce la obligación y puede pagar, porque la imposibilidad real de pagar excluye el delito, según la jurisprudencia del Tribunal Supremo que recoge la Fiscalía General del Estado (Consulta 1/2007). Y sólo se persigue si denuncia la persona agraviada o su representante legal, o el Ministerio Fiscal cuando la víctima es menor, persona con discapacidad necesitada de especial protección o desvalida (art. 228 del Código Penal).

Al revés también ocurre: si el que paga ha perdido el trabajo o ha cambiado su situación, la solución no es dejar de pagar, es pedir la modificación de medidas. Dejar de pagar por su cuenta acumula deuda y puede acabar en un procedimiento penal.