La aseguradora me ofrece menos de lo que vale mi accidente

El primero es tuyo y corre en tu contra: la acción contra la aseguradora prescribe al año (art. 7.1 LRCSCVM). En lesiones ese año no se cuenta desde el golpe, sino desde que se sabe el alcance definitivo de las secuelas, que es cuando se puede valorar el daño.

El segundo es de la compañía: desde que recibe tu reclamación tiene tres meses para dar oferta motivada o respuesta motivada (art. 7.2). Dejarlos pasar sin causa justificada le sale caro, porque a partir de ahí se devengan los intereses de mora del artículo 9, que remite al artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro.

Presentar la reclamación es, además, lo que para el reloj. Desde que te notifican la oferta o la respuesta motivada arranca un plazo nuevo de un año, así que conviene fechar y guardar cada escrito.

La ley le exige un contenido concreto, y revisarlo es el primer paso para valorar la reclamación. Tiene que separar los daños personales de los materiales, calcular las lesiones con el baremo y detallar los documentos e informes en los que se apoya, incluido el informe médico pericial definitivo (art. 7.3).

La reforma de 2025 añadió una consecuencia que conviene conocer: si la compañía no te entrega ese informe médico pericial definitivo con la oferta, después no podrá aportarlo en el juicio. Es decir, guardarse el informe para el final ya no le compensa.

Y hay una frase que siempre debe estar: que cobrar lo ofrecido no te obliga a renunciar a reclamar el resto si luego resulta que te correspondía más (art. 7.3.d). Por eso, en muchos casos, aceptar un pago a cuenta no cierra la puerta.

Muchas diferencias no son jurídicas, son de valoración: días de perjuicio, secuelas, puntos, perjuicio personal por pérdida de calidad de vida. Cuando la discusión es médica, frente al informe del perito de la compañía lo útil es otro informe, no una opinión.

Si no estás de acuerdo con la oferta, puedes pedir informes periciales complementarios y puedes pedirlos al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses aunque la aseguradora no quiera, y a su costa (art. 7.5). El lesionado debe ser reconocido en el plazo de tres meses desde la solicitud, y el informe se emite en el mes siguiente al reconocimiento (art. 7.6).

Ese informe forense lo emite un organismo público, no un perito de parte, y por eso puede pesar en la negociación de la cifra.

La versión de cómo pasó se juega en el atestado. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad encargadas de la vigilancia del tráfico tienen que facilitarlo gratuitamente a los perjudicados y a las aseguradoras que lo pidan, incluso cuando ya lo han remitido al juzgado (art. 7.1).

Si no hubo atestado, el parte amistoso, las fotografías, la geolocalización, los daños del vehículo y los testigos hacen ese papel. Cuanto antes se recojan, mejor, porque con el tiempo el lugar cambia y los vehículos se reparan.

Es un requisito, no una recomendación: las demandas que no acompañan la oferta o la respuesta motivada o, si no se emitió ninguna, la reclamación previa al asegurador, no se admiten a trámite (art. 7.8 LRCSCVM, en relación con el art. 403 LEC).

Es el equivalente sectorial del trámite previo que desde 2025 se exige con carácter general para poder demandar en materia civil. En tráfico, ese trámite tiene su propio cauce y su propio plazo, así que lo importante es hacerlo bien y dejar constancia.

Pasa a veces cuando el asunto lo ha llevado hasta ahora una gestoría o la propia correduría. Hay una oferta, se ha cobrado y queda la sensación de que faltaba algo.

Conviene revisarlo antes de que venza el año: qué conceptos se han pagado, si se valoró el perjuicio moral, si se tuvieron en cuenta los días de baja reales, si hay lucro cesante y si las secuelas se puntuaron como debían. La revisión dirá si la oferta cubre todos los conceptos o si falta alguna partida.